El documento presenta un proyecto de ley integral diseñado para fomentar la reconstrucción nacional y el crecimiento económico en Chile tras un periodo de estancamiento y desastres naturales. Los ejes principales incluyen la reconstrucción física de viviendas en zonas afectadas por incendios y una profunda reforma tributaria que busca reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%. Asimismo, la iniciativa propone la modernización institucional mediante la simplificación de permisos sectoriales y ambientales, reduciendo la burocracia conocida como «permisología». Entre sus medidas sociales más destacadas, establece la exención total de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores y la creación de un crédito tributario para proteger el empleo formal. Finalmente, el texto subraya la importancia de recuperar la certeza jurídica y la disciplina fiscal para atraer inversiones de largo plazo.
El proyecto de ley aborda la dimensión ambiental con el objetivo principal de reducir la «permisología», simplificar la tramitación y entregar mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión, sin disminuir los estándares de protección del medio ambiente.
El enfoque ambiental de la propuesta se estructura en las siguientes medidas clave:
1. Racionalización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
- Régimen voluntario con límite de iteraciones: Para evitar evaluaciones interminables, se propone disminuir las rondas de solicitudes de información (adendas). Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) tendrán solo una oportunidad para responder observaciones, y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) un máximo de dos. Esto incentiva a las empresas a presentar estudios más robustos desde el inicio.
- Fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): Se le otorga la «rectoría técnica» del proceso, permitiéndole desestimar los pronunciamientos de otros órganos del Estado que no estén técnicamente fundados o que excedan sus competencias, evitando exigencias injustificadas.
- Exención para mejoras tecnológicas y modificaciones menores: Los proyectos que ya cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y se modifiquen en la misma área, no requerirán una nueva evaluación si solo implican mejoras tecnológicas que no aumenten significativamente sus impactos ambientales.
- Proyectos con Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Aquellas iniciativas que se enmarquen en un instrumento de planificación que ya cuente con EAE previa, tendrán una reducción de un tercio en sus plazos legales de tramitación en el SEIA.
2. Certeza jurídica y blindaje de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
- Eliminación de la invalidación administrativa: Para proteger la confianza legítima, se elimina la posibilidad de anular una RCA favorable por vía administrativa (artículo 53 de la Ley N° 19.880), restringiendo las impugnaciones exclusivamente a los recursos administrativos y judiciales propios de la ley ambiental.
- Límites estrictos a la paralización de proyectos: Las medidas cautelares dictadas por tribunales que paralicen una obra con RCA favorable tendrán una vigencia máxima de 30 días corridos (renovables solo con resolución fundada). En ningún caso, una medida cautelar podrá sumar más de seis meses en total, caducando automáticamente superado ese plazo.
3. Restitución económica en caso de anulación judicial El proyecto reconoce que obtener una RCA es un proceso riguroso y extenso, por lo que otorga a los titulares el derecho a exigir la restitución de los gastos directos y efectivos invertidos en el proyecto si la RCA es posteriormente anulada en sede judicial (salvo que el titular haya presentado información falsa o incompleta).
4. Acuicultura y Biodiversidad
- Se elimina la obligación de someter toda relocalización de concesiones de acuicultura al SEIA. Ahora, los simples ajustes cartográficos o «micro-relocalizaciones» estarán exentos de este trámite y de la inspección en terreno, agilizando el sector salmonero.
- Se amplía el plazo (hasta en cinco años) para que el Ministerio del Medio Ambiente dicte la normativa secundaria y defina los sitios prioritarios bajo el nuevo marco del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), permitiendo una mayor gradualidad y participación.
Impacto esperado El Informe de Impacto Regulatorio de la propuesta estima que la combinación de estas medidas permitirá reducir el tiempo esperado para obtener y ratificar una RCA para un Estudio de Impacto Ambiental desde los 49 meses actuales a unos 29 meses, lo que equivale a una reducción del 40% en el tiempo de tramitación, permitiendo adelantar significativamente la inversión.
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